Ramón Villaplana: Comunicar la crisis: política y economía más unidas que nunca

Comunicar en tiempos difíciles se puede parecer más al arte de la negociación que al de comunicar en sí mismo. Cuando no se tienen grandes ilusiones que vender o cuando, a pesar de tenerlas, al público no le importa en absoluto aquellas cosas buenas que un gobierno pueda estar haciendo o las que anuncia que desea hacer y, además, comienza a hacer saña de cada uno de los errores que comete, entonces ese gobierno tiene un gran problema. El público, la ciudadanía, tiene unas demandas sobre las que se centra por absoluto su atención y no desea saber de ningún otro tema que no sea sus urgentes peticiones. En tal situación, la prioridad del político en el gobierno –si quiere permanecer en el cargo y no poner fin a su carrera política de por vida- debe ser la de resistir frente al temporal y evitar que el sentido de la opinión pública vaya a peor hasta que llegue un momento en que esa opinión pueda mejorar.

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La actual coyuntura, una crisis económica global que en países como el nuestro ha calado más profundamente y cuya única solución hasta el momento pasa por reducir gasto público y consumo[1] (energético, especialmente) está llevando al ciudadano medio español a situaciones que plantean en muchos casos serias dificultades de subsistencia e incluso riesgo de exclusión social y, con carácter global, a una pérdida evidente de nivel y calidad de vida de la mayoría de los españoles. Ante tal contexto, no es de extrañar que los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde hace un tiempo vengan situando al paro y a la economía en primer y segundo lugar entre las preocupaciones de la opinión pública española[2]. Cada problema tiene su significación específica: el paro tiene una fuerte connotación individual (preocupación por las consecuencias personales de estar en el paro o de caer en él) y la preocupación por la economía además incluye una significación un tanto más global por aspectos macroeconómicos que afectan al país y a los ciudadanos al nivel de sociedad (recortes sociales, reducción de la inversión pública, subida de los intereses bancarios, declive de ciertos sectores económicos, congelación de salarios y pensiones, etc.).

Por otra parte, los mismos barómetros del CIS desvelan que la clase política y los partidos políticos están considerados como el tercer gran problema del país, muy por encima del resto de problemas[3]. Su presencia en el podio se debe seguramente a que los ciudadanos les responsabilizan en gran medida de la situación económica que vivimos, no porque fuera evitable la crisis, sino porque no se está saliendo antes de ella. Pero también porque como sector dirigente de la sociedad no están sabiendo responder positivamente al reto político que plantea la crisis económica y, en lugar de ofrecer una imagen de labor constructiva, están siendo vistos como parte del problema económico y como problema en sí mismos. Es posible que los españoles nos estemos preguntando en este momento ¿puede un problema solucionar a otro?

En periodos de estabilidad y normalidad socioeconómica sabemos que el gobierno tiene una gran capacidad de agenda-setting, siendo controlados en su mayoría los tiempos a los que salen cada uno de los temas a la opinión pública según el interés político del propio gobierno. Hay situaciones, en cambio, como un periodo de guerra contra otro país, como el sufrimiento de una catástrofe natural y el caos que posteriormente genera o como el momento prolongado de crisis económica que actualmente vivimos, en las que, la importancia del contexto es tan fuerte que el propio contexto se impone como objeto principal de los discursos políticos. De este modo, la crisis es a la vez contexto y mensaje político.

La relación de la economía con la política siempre ha sido importante. De hecho, los técnicos de la administración pública identifican a los Presupuestos Generales del Estado con el “programa político” del Gobierno. Según su mentalidad, todo hecho político –por simbólico que sea- conlleva su gasto. También hay ramas de la economía que están consideradas eminentemente políticas. Sin embargo, al contrario de lo que se pudiera imaginar, la crisis no ha supuesto un mayor protagonismo político de los economistas fuera y dentro del Gobierno sino que, en su lugar, los políticos más “políticos” son los que han ganado posiciones. En el Gobierno, el cambio de titular del Ministerio de Economía en septiembre de 2009 supuso ya de por sí la sustitución de una figura de mucha relevancia personal por otra mucho menos mediática, más gris y de criterio menos independiente, cuanto menos en sus manifestaciones públicas. La explicación más probable a este hecho es que, al no ser nada esperanzadores los datos económicos con los que se cuenta por el momento lo que interesa es hablar lo menos posible de economía propiamente dicha y polemizar lo máximo posible con la oposición para que los factores que juegan en su contra parezcan más relativos. El papel pues del economista político pierde importancia a favor del político profesional y generalista. Esta clase de político es capaz de pasar del Ministerio de Defensa al de Medioambiente y de éste al de Industria porque no tiene unos conocimientos especializados en ninguna materia sino que su especialización es en la labor política en general.

Quizás, una conclusión a esto sea que, aunque el contexto especial que vivimos hace que política y economía estén más unidas que nunca, el debate se aleja cada vez más de términos económicos y se convierte en mucho más político. Aunque la crisis sea el eje de la estrategia comunicativa tanto del Gobierno, como de la oposición, como de los sindicatos y otros agentes sociales, lo que desean todos ellos es beneficiarse políticamente de la crisis, para lo cual la economía en sentido estricto importa más bien poco y lo que realmente prevalece es la búsqueda de orientar la opinión pública a su favor.

[1] Lo cual provoca que la cifra de desempleo no deje de aumentar

[2] El último barómetro del CIS, estudio 2885 de abril de 2011, sitúa al paro con un 82,8% de respuestas y a los problemas de índole económica con un 47,3%.

[3] En el mismo barómetro señalado, la clase política y los partidos políticos obtienen un 21,5% de respuestas, siendo el siguiente problema la inmigración con un 12%. Además, hay otro 5,6% que señala como problema conjuntamente al Gobierno, a los políticos y a los partidos.